Por Ernesto Javier Azcona
🔷 Introducción
El delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 del C.P., constituye uno de los pilares del derecho penal económico moderno, concebido para combatir la criminalidad compleja que busca insertar en el circuito lícito las ganancias obtenidas de actividades ilícitas. Esta figura delictiva, de carácter eminentemente transnacional, atenta contra la estabilidad, seguridad y soberanía de los Estados al socavar sus economías lícitas y permitir que organizaciones delictivas corrompan las estructuras de la administración pública y las actividades comerciales. La doctrina coincide en definirlo como el proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Su persecución presenta desafíos probatorios significativos, especialmente en lo que respecta a la acreditación del «ilícito penal» precedente y a la determinación del rol de cada interviniente dentro de sofisticadas estructuras organizativas. La capacidad de camuflaje y el hermetismo con que operan estas redes criminales convierten a la prueba indirecta o indiciaria en una herramienta de vital importancia para alcanzar la certeza judicial. Esta relevancia de la prueba de indicios ha sido reconocida por instrumentos internacionales como la Convención de Viena de 1988, que estableció su legalidad para acreditar elementos subjetivos del tipo penal.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes ha dictado en los últimos años una serie de pronunciamientos de notable relevancia dogmática y práctica en esta materia. Este trabajo se propone realizar un análisis comparado y exhaustivo de cuatro de estas sentencias –»Rodríguez» (2018), «Zappa» (2022), «Boschetti/Pyramis» (2023) y «Viegas» (2025)– con el objetivo de desentrañar los hilos conductores y las tensiones interpretativas que surgen de ellas. Se explorará cómo el Tribunal ha abordado la prueba del delito previo, flexibilizando su estándar sin sacrificar la rigurosidad procesal, y el papel clave que ha otorgado a la prueba de indicios como medio principal de acreditación. Asimismo, se examinará la aplicación de la teoría de la coautoría funcional para atribuir responsabilidad penal a los miembros de la organización y los criterios para laaplicación de agravantes como la habitualidad y la actuación en banda. El objetivo es ofrecer una visión sistemática de esta línea jurisprudencial, destacando sus aportes dogmáticos y sus consecuencias prácticas en el combate contra la criminalidad económica.